En el ámbito de la justicia penal, uno de los aspectos fundamentales es la obligación que tienen los investigados de prestar declaración ante el juez. Este requisito, establecido en la legislación española, es crucial para garantizar el debido proceso y el ejercicio efectivo de los derechos de defensa. En este artículo, exploraremos la importancia de que el investigado cumpla con esta obligación, así como las implicaciones legales y consecuencias de no comparecer ante el juez en el contexto de un proceso penal en España.
Qué pasa si el investigado no acude a declarar
En España, el investigado en un procedimiento judicial no está obligado a declarar ante el juez. El artículo 118 de la Constitución Española establece que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, por lo que el investigado tiene derecho a no declarar si así lo decide.
Si el investigado decide no acudir a declarar ante el juez, se deberá evaluar el impacto que esta decisión pueda tener en el desarrollo de la investigación. El juez puede valorar la ausencia del investigado como un indicio en su contra, pero no puede tomarla como una prueba de culpabilidad.
En cualquier caso, es recomendable que el investigado consulte con un abogado para evaluar la conveniencia de declarar o no, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de su caso. Un abogado experto en derecho penal podrá asesorar al investigado sobre sus derechos y las posibles consecuencias de su decisión de no declarar.
Es importante recordar que en el sistema judicial español, el investigado tiene la obligación de prestar declaración ante el juez en el marco de un proceso penal. Esta obligación se encuentra respaldada por la ley y forma parte del derecho de defensa de todas las partes involucradas en el proceso. Prestar declaración ante el juez es un derecho y una obligación que garantiza la transparencia y el debido proceso en la administración de justicia. Por lo tanto, es fundamental que el investigado cumpla con esta obligación y coopere con la justicia para esclarecer los hechos y garantizar un juicio justo y equitativo.







